Publicada el Jueves, 25 de Mayo de 2017

Se insta al Gobierno de Navarra a simplificar y difundir las medidas que se establezcan para minimizar los efectos del copago

El Legislativo Foral reivindica el derecho de Navarra a adoptar sus propias decisiones respecto al derecho a la salud y los diversos mecanismos de protección social

El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy, con los votos a favor de UPN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, PSN e I-E y la abstención de PPN, una resolución por la que se insta al Gobierno de Navarra a “establecer un procedimiento que garantice la máxima cobertura y difusión, entre todas las personas potencialmente beneficiarias, de las medidas que se establezcan para minimizar los efectos del copago”.

 

A tal objeto, según se precisa, se adoptarán criterios tendentes a “simplificar al máximo la tramitación de la solicitud de las ayudas, habilitando los mecanismos de asesoramiento necesarios, en coordinación y colaboración con los servicios sociales y centros de salud”.

 

Además, “en la medida de lo posible, se procurará que las personas beneficiarias no tengan que adelantar el pago de los medicamentos, para lo cual se establecerán los mecanismos oportunos dirigidos a posibilitar que la ayuda al copago sea automática, bien vía receta electrónica, bien de cualquier otra manera que no obligue a las personas usuarias a abonar previamente los medicamentos”.

 

A su vez, se solicita que “la norma a aprobar contemple un plan para la máxima difusión de la existencia de estas ayudas, con la realización de campañas en los centros de salud, establecimientos farmacéuticos y cualquier otro ámbito que se considere oportuno”.

 

La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que la Cámara “reitera su rechazo al Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, y a las medidas de copago que se recogían en el mismo e insta al Gobierno de España a derogarlo”. Este epígrafe ha prosperado con los votos en contra de UPN y PPN y el respaldo de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, PSN e I-E.

 

Del mismo modo, ya en un tercer apartado, el Parlamento de Navarra “rechaza los recursos interpuestos por el Estado a la Ley Foral 18/2012 y a diversas normas dictadas en otras comunidades autónomas para hacer frente al copago, y reivindica el derecho de Navarra a poder adoptar sus propias decisiones respecto al derecho a la salud y los mecanismos de protección social, sin imposiciones, injerencias ni limitaciones por parte del Estado”. UPN y PPN han votado en contra, PSN se ha abstenido y Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E han mantenido sus apoyos.

 

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por el G.P EH Bildu aboga por tomar todas las cautelas necesarias con el fin de evitar las disfunciones que, atendiendo a experiencias territoriales cercanas, acarrea la subvención como método alternativo para soslayar el conflicto de competencias, argumento que subyace tras el recurso del Estado a la Ley Foral 18/2012 sobre la complementación de las prestaciones farmacéuticas, suspendida por el Tribunal Constitucional.

 

Así, aun admitiendo que se trata de una fórmula “más segura en términos jurídicos”, se cuestiona el alcance de una medida que, pensada para beneficiar a todo el colectivo de personas con rentas anuales inferiores a 18.000 euros (aportarán un máximo de 8,23 euros al mes, 2,6 en el caso de las menores de 6.000 euros), el propio Gobierno de Navarra “prevé que no llegará a un tercio de los potenciales beneficiarios”, cifrados en 242.000 personas, 44.838 de ellos pensionistas.

 

A ese respecto, se alude a lo acontecido en la CAV, donde, tras tres años de aplicación de una norma similar, la complejidad de los trámites burocráticos ha propiciado que la subvención “sólo haya sido solicitada por en torno al 20% de los posibles perceptores”.

 

Por todo ello y teniendo en cuenta que el Gobierno de Navarra “todavía está trabajando en la definición del procedimiento” para la solicitud y obtención de estas ayudas, la proponente estima que urge la adopción de criterios informativos y administrativos orientados a simplificar la tramitación y, con ello, a “revertir las normas de copago vigentes, especialmente injustas con los colectivos sociales más vulnerables”.