Publicada el Martes, 10 de Abril de 2018

Rechazada una moción que insta a suprimir el rango de Dirección General del Observatorio de la Realidad Social, de Planificación y de Evaluación de las Políticas Sociales

Decae la pretensión de UPN de cuestionar la nueva estructura organizativa, debido a su "ineficiencia" tanto a nivel de planificación, como de plazos y actualización de datos

 

La Comisión de Derechos Sociales ha rechazado hoy, con los votos en contra de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, PSN e I-E y los votos a favor de UPN y PPN, una moción para instar al Gobierno de Navarra a “suprimir el rango de Dirección General del Observatorio de la Realidad Social, de Planificación y de Evaluación de las Políticas Sociales”.

 

La moción desestimada incluía un segundo punto en el que, con la abstención de PSN, se emplazaba al Ejecutivo Foral a “la planificación de las políticas sociales con medios propios”. El resto de siglas ha mantenido sus posiciones.

 

Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E han presentado una enmienda in voce de modificación, no aceptada por UPN, titular de la iniciativa, en el sentido de conminar al Gobierno de Navarra a “realizar la planificación y acciones derivadas de la misma con medios propios, previa adecuación de la actual estructura del Observatorio de la Realidad Social a las necesidades reales”.

 

En la exposición de motivos, la moción impulsada por el G.P. UPN ponía en cuestión la nueva estructura organizativa que, “con el único fin de planificar y evaluar las políticas públicas de servicios sociales, empleo y vivienda”, puso en marcha el Gobierno de Navarra, al entender que se ha revelado como un organismo “prescindible e ineficiente”, pese a los 2.083.931 de euros que, en este caso, tiene asignados para el presente ejercicio.

 

A ese respecto, se arguía que el citado Observatorio “no cumple su propia programación, incumple el calendario de plazos y, ya en lo relativo a su página web, tiene totalmente desactualizadas y desfasadas las estadísticas y los indicadores de las distintas áreas del departamento, hasta el punto de reflejar como últimos los datos que dimanan de la actividad desarrollada en la anterior legislatura”.

 

En ese marco, se censuraba la “privatización de la planificación” que se está realizando desde el Departamento de Derechos Sociales, tarea para la que tiene asignados “450.000 euros en 2018”, y se demandaba la “asunción interna de dicho cometido para, conforme a los recursos disponibles, resolver los problemas más urgentes conforme a una organización viable y creíble”.

 

A la sesión, presidida, por Bakartxo Ruiz (G.P. EH Bildu), han asistido Maribel García Malo, Carmen Segura, Mónica Doménech, Cristina Altuna (G.P. UPN), Consuelo Satrustegi, Virginia Alemán, Isabel Aranburu (G.P. Geroa Bai), Asun Fernández de Garaialde (G.P. EH Bildu), Mikel Buil, Fanny Carrillo (G.P. Podemos-Ahal Dugu), Nuria Medina, Ainhoa Unzu (G.P. PSN), Javier García (A.P.F. PPN) y José Miguel Nuin (A.P.F. Izquierda-Ezkerra).