La iniciativa de socialistas y Aralar-Nabai se enmarca en la defensa de la Ley 28/2012, a cuyo "amparo legal" se remiten buscando el respaldo del Ejecutivo Foral
Catalán critica el consenso alcanzado para la renovación del CGPJ por entender que abunda en la política de "reparto de cargos" que tanto "descrédito" acarrea
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UPN entiende que la presencia de imputados supone una toma de postura que pudiera conducir a un juicio paralelo, una "injerencia" impropia de las instituciones
