El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy por unanimidad una resolución por la que se insta al Gobierno del Estado a “aprobar una ley de igualdad salarial, siguiendo el ejemplo del Gobierno de Islandia”.

La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que, a su vez, se exhorta al Ejecutivo español a “poner en marcha las medidas necesarias para atajar las diferentes brechas de género existentes y a dotarlas económicamente de forma suficiente”.

Del mismo modo, ya en un tercer apartado, se compele al Gobierno de España a “modificar el artículo 45.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, con el objetivo de que las empresas con más de 100 personas en plantilla estén obligadas a realizar y acordar un Plan de Igualdad”.

Por último, se emplaza al Gobierno de Navarra a “implementar las medidas necesarias para que, en el plazo de un año, las instituciones públicas con más de 250 trabajadores y trabajadoras elaboren un plan de igualdad actualizado”.

El G.P. Geroa Bai ha presentado una enmienda in voce de modificación de este último epígrafe, no aceptada por I-E, titular de la iniciativa, al entender que se trata de una competencia estatal, por lo que no procede remitirse a la próxima aprobación de una Ley de Igualdad.

El G.P. UPN ha presentado otra enmienda de modificación, también desestimada por I-E, tratando de hacer obligatorio el plan de igualdad “en las empresas de más de 100 trabajadores/as”.

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por la A.P.F. Izquierda-Ezkerra alude a las “diferentes brechas de género que, pese a la mejora relativa de la economía y el empleo, persisten en Navarra”, cuyo mercado laboral tiende a “cronificar los diversos índices de desigualdad que erosionan la capacidad competitiva de las mujeres”.

Así, tras poner de relieve las brechas existentes en la tasa de actividad (9,7 puntos), salarial (28,42%) y de contratación a jornada parcial (22,8 puntos), terreno éste en el que se subraya el carácter mayoritariamente indeseado (57%) del horario reducido, se llama a legislar para que, como en Islandia, rija una Ley que obligue a las empresas a pagar lo mismo a hombres y mujeres.

Entre los instrumentos concretos que, para atacar la asimetría salarial, existen a nivel estatal, se citan los planes de igualdad contemplados en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, “obligatorios” en empresas de más de 250 trabajadores. En el caso de Navarra y según se apunta, sólo competería a 91 de las 28.700 empresas, es decir, sólo 62.000 de las 280.200 personas ocupadas estarían cubiertas por un Plan de Igualdad (el 22%).

En el caso de las Administraciones Públicas y pese a que el Estatuto Básico del Empleado Público les compromete a elaborar y aplicar un plan de igualdad a desarrollar en el convenio colectivo o acuerdo de condiciones de trabajo del personal funcionario que resulte aplicable, el panorama es desigual.

Destaca la implicación del Parlamento de Navarra, que con sólo 56 empleados dispone por vez primera de un Plan de Igualdad desde 2016, algo de lo que carece el Gobierno de Navarra, pese a sus 25.000 trabajadores, y el propio Ayuntamiento de Pamplona, quien, con una nómina también considerable, lo tiene sin actualizar desde 2013.

• www.parlamentodenavarra.es

• Publicación de la moción (BOPN, n.º 16, de 13-02-2018)