Publicada el Martes, 19 de Junio de 2018

Se insta al Gobierno de Navarra a realizar un plan de actuación para la promoción de un modelo inclusivo-participativo de empresa

Se aboga por un estilo cooperativo como mejor fórmula de adaptación al nuevo escenario competitivo derivado de la aceleración científico-técnica y la globalización económica

La Comisión de Desarrollo Económico ha aprobado hoy por unanimidad una resolución por la que se insta al Gobierno de Navarra a “realizar un Plan de actuación para la promoción de un modelo inclusivo-participativo navarro de empresa, para su desarrollo en la presente y próximas legislaturas”.

 

“Para avanzar hacia ese modelo y como medio para reforzar el arraigo territorial y la continuidad de las empresas en Navarra, facilitando la resolución de los problemas sucesorios en las mismas”, dicho Plan deberá contemplar, entre otras, las políticas” que a continuación se detallan.

 

Entre las políticas a desarrollar se encuentra el “apoyo a la difusión e implantación de sistemas participativos de gestión característicos del modelo inclusivo-participativo, ampliándolo a la definición e implantación de las mejores prácticas en políticas de comunicación interna en las empresas navarras, la definición de objetivos y la selección de indicadores, que se consideran claves para el cambio propuesto”.

 

Asimismo, se plantea “estimular la implantación de sistemas de participación de los trabajadores en los resultados de la empresa, colaborando en la identificación de las fórmulas de mayor éxito, tanto en Navarra como a nivel europeo”.

 

Del mismo modo, se prevé “facilitar la incorporación de los trabajadores en el capital de la empresa, habilitando una ayuda proporcional a la aportación de cada trabajador, con un máximo a fijar”.

 

Igualmente, se proyecta “identificar las mejores prácticas a nivel internacional en lo que se refiere a políticas fiscales que ayuden a promover la participación en la propiedad”.

 

A su vez, se contempla “estudiar las fórmulas jurídicas adecuadas y, en su caso, la elaboración de una ley que perfeccione la reglamentación actual y/o diseñe un vehículo legal propio, mejor adaptado a los requerimientos de reparto del poder y de los resultados, en función de los criterios específicos que establezcan los trabajadores implicados”.

 

Además, se propone “crear un Registro de Empresas Participadas, que pueda ayudar a dar seguridad jurídica a las medidas que se arbitren en su promoción, y en el que se puedan inscribir aquellas con un porcentaje de participación en el capital superior al límite mínimo que se fije y que cumplan, asimismo, otras eventuales condiciones adicionales que se establezcan”.

 

Otra de las políticas a desarrollar consiste en “colaborar en la elaboración de un modelo de evaluación de la implantación del modelo inclusivo-participativo, con un check list que ayude a las empresas a identificar los avances registrados”.

 

En ese marco, se sugiere “colaborar en campañas de sensibilización dirigidas a empresarios y trabajadores, a fin de fomentar el modelo inclusivo-participativo propuesto”.

 

También se asume la necesidad de “prestigiar a las empresas que destaquen en la implantación del modelo, mediante la organización de algún premio o reconocimiento”.

 

Por otra parte, se esboza el “desarrollo de actividades de formación sobre aspectos de gestión empresarial o estrategia, dirigidas a personas componentes de comités de empresa, delegados sindicales o liberados de sindicatos, tanto de forma especial, como de forma conjunta con directivos de las empresas implicadas”.

 

En ese sentido, se contempla “prever presupuestariamente los recursos necesarios para la difusión del modelo y la ejecución de los planes de acción indicados”.

 

Por último, como cláusula de cierre, se deja la puerta abierta a la implementación de “otras políticas que puedan resultar de la aplicación de este modelo”.

 

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por UPN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, PSN, PPN e I-E se remite a la sesión de trabajo celebrada el 7 de febrero con la Asociación de Amigos del Padre Arizmendiarrieta-Arizmendiarrieta Lagunak Elkartea, donde se planteó la necesidad de avanzar hacia un modelo participativo-inclusivo de empresa como mejor fórmula de adaptación al nuevo escenario competitivo derivado de la aceleración científico-técnica y la globalización económica.

 

Así, para potenciar la implicación de todos los agentes en un proyecto empresarial compartido desde el que poder hacer frente a los procesos de producción y distribución que dimanan de países con costes laborales mucho más bajos, se aboga por el replanteamiento de las relaciones de poder y del reparto de la riqueza dentro de las compañías, de modo que la búsqueda del máximo beneficio a corto plazo deje paso a una filosofía más basada en el trabajo en equipo.

 

Dentro de esa visión de la empresa como organismo tendente a satisfacer de forma equilibrada una constelación de intereses, también de índole “ecológica y humana”, se advierte que “el cambio sólo será posible en condiciones de estabilidad y salarios insuficientes”.

 

En ese marco, se adjudica a la Administración pública un “papel determinante a la hora de estimular la reinversión, la innovación, el desarrollo y la sostenibilidad de nuestras empresas, cuyos conflictos se depurarán con la participación de los trabajadores”, a decir del proponente “el mejor modo de replantearse las relaciones de poder y evitar que el cambio no sea cosmético, sino real”.