Publicada el Viernes, 16 de Marzo de 2018

La Comisión de Políticas Sociales visita en Betelu la residencia de la tercera edad de Amavir

Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu y PSN piden la "equiparación salarial" de las asistentas rurales y cuestionan el actual modelo de servicios sociales basado en el lucro

La Comisión de Políticas Sociales ha visitado hoy, a instancias de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E, la residencia del grupo Amavir en Betelu, un centro geriátrico de titularidad mixta (un tercio es municial) y gestión privada, que en estos momentos atiende a 41 residentes, cuatro por debajo de su capacidad total.

 

Los Parlamentarios/as que han asistido han sido Carmen Segura (G.P. UPN), Isabel Aranburu (G.P. Geroa Bai), Asun Fernández de Garaialde (G.P. EH Bildu), Fanny Carrillo (G.P. Podemos-Ahal Dugu) y Conchi Ruiz (G.P. PSN).

 

La delegación del Legislativo ha sido recibida en el Ayuntamiento por Mikel Rekalde, alcalde de Betelu, Teodoro Otamendi, concejal, Pilar Huerta, directora de la Residencia, Lourdes Rivero, directora general adjunta de Amavir, Manuel Piquer, abogado del grupo, Carlos Galve, responsable de Recursos Humanos, Roberto Rodríguez, director de comunicación, Nerea Navarro, delegada de personal, y Gaizka Huarte, representante de zona del sindicato LAB.

 

El objeto de la visita, según ha explicado Asun Fernández de Garaialde a modo de preámbulo, ha sido “conocer las instalaciones y mantener una reunión con la dirección del centro, el Ayuntamiento de Betelu y la interlocución laboral, a fin de contrastar la denuncia que, en torno a la falta de equidad salarial respecto a las residencias que el grupo tiene en Pamplona (Argaray, Mutilva y Oblatas), padece la plantilla de Betelu (también la de Erro).

 

Seguidamente, ha tenido lugar un encuentro en el que Lourdes Rivero ha comenzado subrayando que, pese a la conflictividad laboral, “la calidad del servicio percibida por residentes y familiares es buena”, impresión ratificada por el Alcalde, para quien “el sentir general es que el centro funciona y que la atención está garantizada”.

 

En cuanto a las reivindicaciones laborales, centradas en la equiparación de las condiciones laborales, Rivero y Piquer han señalado que la aplicación del convenio estatal decidida en 2013 “no respondió a un deseo expreso de la empresa, sino a la imposibilidad de llegar a un acuerdo intermedio que, si bien no suponía la equiparación plena, mejoraba ostensiblemente el convenio estatal. No hubo manera. La representación sindical optó por la vía judicial y, a día de hoy, nos han dado la razón en cuatro instancias diferentes”.

 

Mikel Rekalde, por su parte, ha asegurado que el Ayuntamiento “se implicó y empujó para alcanzar un acuerdo. Se contemplaba incluso una cláusula de revisión por la que si la empresa entraba en beneficios, la mitad se destinaría a los trabajadores (25 fijos y 7 eventuales). Esta residencia sólo es viable si está ocupada al cien por cien. Comenzamos con 5 camas concertadas, que ahora son 25. Alquien se tiene que ocupar de llenar las residencias rurales para que sean factibles”.

 

En ese contexto, Manuel Piquer ha manifestado que, sin entrar en el debate sobre el modelo de concertación y gestión más apropiado para los los servicios públicos, resulta evidente que “las residencias rurales se mueven en parámetros alejados de la rentabilidad. En 2013 este centro arrojó 270.000 euros de pérdidas, mientras que en 2017, ya sujetos al convenio estatal y merced a una aportación financiera del nuevo socio, la brecha se ha reducido a 59.000. Vamos hacia el equilibrio económico, de otro modo, no olvidemos que esto es una sociedad anónima independiente participada por el Ayuntamiento, no hay porvenir”.

 

Ya con los representantes de los trabajadores/as incorporados a la reunión, Nerea Navarro y Gaizka Huarte han reiterado los argumentos expuestos en sede parlamentaria y, a ese respecto, han solicitado la equiparación salarial con los centros de Pamplona. “Hemos perdido un juicio (hace un año), pero seguimos creyendo en la justicia de nuestra reivindicación. Trabajamos cien horas más y ganamos un 13% menos, lo cual viene a ser del orden de 4.500 euros anuales, en sueldos que no llegan a 1.000. La empresa se está lucrando de la aplicación del convenio estatal”.

 

En su turno de intervención, las portavoces de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu y PSN han convenido que cualquier solución pasa por la igualación de las condiciones laborales y por la sustitución del actual modelo mercantil que se aplica en el ámbito de los servicios sociales.

 

Asun Fernández de Garaialde (EH Bildu) ha dejado patente que “nada justifica que la empresa traslade de esa manera las pérdidas a las condiciones laborales y menos tratándose de un grupo con un volumen de negocio importante. Sabemos que desde la parte política se están revisando los convenios, aunque es de sobra sabido que este no es nuestro modelo. No dudamos de la calidad de la atención, a veces a costa de muchas renuncias por parte de los trabajadores/as”.

 

Isabel Aranburu (Geroa Bai) se ha desmarcado también del modelo de gestión de los servicios sociales, donde “se impone descartar el ánimo de lucro, pues conduce a situaciones como esta. Todo esto dimana del Plan Gerontológico, que se centró en las residencias, que es lo que daba dinero, abandonando la atención a domicilio. No se reparó en la viabilidad del sistema, pues aunque las grandes dan beneficios, las pequeñas no. Es otra herencia de UPN. No hay nada que justifique las condiciones laborales que aquí se denuncian. La equiparación es irrenunciable”.

 

En la misma línea, Fanny Carrillo (Podemos-Ahal Dugu) ha denunciado la política de “quitar pérdidas a cargo de los trabajadores. No es correcto, lo he vivido en carne propia. Y si la atención es buena, es debido a la responsabilidad de la plantilla”.

 

Para Conchi Ruiz (PSN), desde la premisa de que “los trabajadores no pueden perder, el remedio pasa por la elaboración de un Convenio Foral de Servicios Sociales, que es algo a lo que el Gobierno de Navarra debería dar salida sin demora. Sería de aplicación obligatoria, evitaría el descuelgue y homologaría las condiciones laborales. En la medida de lo posible, llenar el centro parece también ineludible”.

 

Carmen Segura (UPN) ha defendido el actual modelo, pues “lo implantamos nosotros y no estamos en contra”, si bien ha emplazado al Gobierno de Navarra a “elaborar el Convenio sectorial que venía anunciando. En ese sentido, la pelota está en su tejado, es tan sencillo como recoger y oficializar las condiciones que aquí se defienden. Nos preocupa que los internos estén bien atendidos. Valoramos la implicación del Ayuntamiento y también la de la empresa, que es lógico que busque revertir la situación de pérdidas".