Publicada el Jueves, 27 de Diciembre de 2012

El Parlamento aprueba una declaración institucional por la que rechaza sin paliativos el Decreto por el que se regula la jornada de los profesionales sanitarios y el horario de los centros de Atención Primaria

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha aprobado una declaración institucional por la que el Parlamento de Navarra rechaza sin paliativos el Decreto por el que se regula la jornada de los profesionales sanitarios y el horario de los centros de Atención Primaria, Continuada y Urgente, presentada por: G.P. Bildu-Nafarroa; G.P. Izquierda-Ezkerra; G.P. Nafarroa Bai.
 

Han votado a favor de la declaración aprobada los representantes de los grupos SN, Bildu-Nafarroa, NaBai e I-E, en contra han votado los representantes de UPN y PP.
 

La declaración dice lo siguiente:
 

“1.-El Parlamento de Navarra rechaza sin paliativos el Decreto aprobado el pasado día 19 de diciembre, por el que se regula la jornada de los profesionales sanitarios y el horario de los centros de Atención Primaria, Continuada y Urgente, en la medida en que el Decreto acentúa las desigualdades en el acceso a la atención sanitaria a la población navarra discriminando y castigando especialmente a las zonas rurales, merma la calidad asistencial y abre la puerta a la privatización de más servicios, además de que empeora considerablemente las condiciones laborales de los profesionales y que supone pérdida de decenas de puestos de trabajo.
 

2.-El Parlamento de Navarra muestra su más enérgico rechazo a la actitud de autoritarismo e imposición del Departamento de Salud y, por ende, del Gobierno de Navarra, por haber aprobado el citado decreto en contra de la voluntad política del Parlamento de Navarra; y de los agentes sociales, profesionales y sindicales implicados del ámbito de la salud”.
 

3.- El Parlamento de Navarra reprueba a la Consejera de Salud, Marta Vera Janín, por obviar y despreciar a la mayoría social, política y sindical de Navarra e imponer una reforma sanitaria basándose en criterios exclusivamente económicos, sin contar con la participación efectiva de los agentes profesionales y sindicales implicados”.