Publicada el Jueves, 6 de Octubre de 2016

El Gobierno reitera su absoluto "rechazo a la LOMCE, con seguridad jurídica"

En respuesta a una interpelación de EH Bildu, que llama a actuar de forma coherente y responsable desde una posición propia, para la que muestra voluntad de acuerdo

El consejero de Educación, José Luis Mendoza, ha reiterado hoy en el Pleno de Control del Parlamento su "absoluto rechazo" a la LOMCE, pero "garantizando la seguridad jurídica" para que no se cause perjuicio alguno al alumno, al profesorado o a la actividad académica.

Mendoza ha calificado de “sinsentido” el hecho de que el profesorado de 2º de Bachiller haya preparado unas medidas curriculares que no se sabe cómo se van a evaluar. "Eso pedagógicamente es impresentable e incompatible" con una educación de calidad, ha aseverado.

Así ha respondido a la interpelación de EH Bildu sobre la posición del departamento de Educación respecto a la aplicación de la LOMCE en Navarra y sobre la postura que va a adoptar ante los exámenes aprobados por el Consejo de Ministros del 29 de julio de 2016.

En ese sentido, Esther Korres ha tachado las reválidas de "inaceptables", ha preguntado al consejero si "van en serio" con el discurso de desacuerdo con la LOMCE, ha mostrado la disposición y voluntad de acuerdo de EH Bildu en favor de un sistema educativo propio y ha solicitado que se actúe de "forma responsable y con coherencia".

Mendoza ha explicado que el calendario que rige la aplicación de la LOMCE establece que en este curso se implantarán modificaciones que afectan a 2º de Bachillerato y no tendrá efectos para la obtención del título, pero se tendrá en cuenta en el acceso a la universidad.

"Navarra trabaja en la definición de un marco normativo que suponga la mínima alteración de la vida académica y seguridad jurídica para el alumnado", según Mendoza, quien ha añadido que el paso a los estudios universitarios se seguirá rigiendo por la prueba de acceso que se realiza en la UPNA.

A ese respecto, el Consejero ha precisado que han comenzado ya a trabajar en esta materia, para lo cual han mantenido reuniones para informar al profesorado.

En relación con la evaluación final de la ESO, Mendoza ha remarcado que Navarra está en contra de reválida que supone una "sentencia temprana e injusta" para el futuro del alumnado.

Así, ha mostrado un "rechazo firme" a la prueba de 4º de ESO, pero ha insistido en que deben mantenerse en márgenes de garantía jurídica y ha asegurado que si se celebran las pruebas de evaluación final de Secundaria "en ningún caso tendrían efectos académicos".

Mendoza ha comentado que hay "un obstáculo añadido más al sinsentido que se padece sobre las pruebas de reválida" y es que el Consejo Escolar del Estado no está operativo y el Gobierno en funciones no puede nombrar nuevos miembros, salvo que use alguna "triquiñuela".

Alberto Catalán (G.P. UPN) ha pedido al Gobierno que sea "responsable y coherente", algo que en su opinión no está siendo, tras lo que ha remarcado que otras comunidades ya han hecho los deberes en esta materia.

Isabel Aranburu (G.P. Geroa Bai) ha instado al departamento a que "explore todo el margen posible de autonomía, con el fin de poner en las evaluaciones cuanto de racionalidad se pueda, para minimizar los efectos perversos de estas evaluaciones".

Fátima Andreo (G.P. Podemos-Ahal Dugu) ha echado en falta una posición "firme rotunda y decidida" contra la LOMCE en general y se ha congratulado de que por el momento estas pruebas no tengan efectos académicos en Navarra.

Carlos Gimeno (G.P. PSN) ha cuestionado la postura contraria del Gobierno foral a la LOMCE, ha exigido la derogación del Decreto ley y ha instado al Ejecutivo Foral a sumarse al recurso presentado ante el Tribunal Supremo.

"Mucho ruido y pocas nueces" ha dicho Javier García (A.P.F. PPN), quien ha opinado que el Gobierno actúa "tarde" y crea "incertidumbre". Ha considerado una "irresponsabilidad" que se pida derogar la LOMCE, ya que supondría el "mayor recorte" en educación pública.

Marisa de Simón (A.P.F.Izquierda-Ezkerra) ha transmitido un "rechazo frontal" a las reválidas, ha conminado al Gobierno a rechazar la ley e intervenir para derogarla y a trabajar para minimizar sus efectos.