Publicada el Jueves, 25 de Abril de 2013

Aprobadas sendas resoluciones por las que se insta al Gobierno de España a retirar el anteproyecto de la Ley de Reforma Integral de los Registros

Se aduce que entregar a las corporaciones de registradores y notarios las competencias registrales supone abundar en la privatización del sistema judicial

El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy, con los votos a favor de UPN, SN, Bildu, Aralar-Nabai, I-E y los parlamentarios no adscritos y los votos en contra de PPN, una resolución por la que la Cámara manifiesta su “rechazo a cualquier tipo de privatización en el sistema judicial”.

La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que, a su vez, se insta al Gobierno de España a “retirar el anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros, por suponer un retroceso en el concepto de justicia igualitaria y universal”.

Del mismo modo, ya en un tercer apartado, el Parlamento acuerda “remitir esta moción al Gobierno de España y al Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón”.

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por el G.P. Bildu censura el intento de “entregar a las corporaciones de registradores y notarios las competencias de las oficinas registrales” en el ámbito Civil, un cambio de modelo que sitúa en la misma órbita “privatizadora y restrictiva” que acompaña la implantación de tasas en el sistema judicial.

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• Publicación de la moción (BOPN, n.º 30, de 18-03-2013)

Aprobada una resolución por la que el Parlamento manifiesta la necesidad de que el Registro Civil continúe prestando un servicio gratuito y público

El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy, con los votos a favor de UPN, SN, Bildu, Aralar-Nabai, I-E y los no adscritos y el voto en contra de PPN, una resolución por la que la Cámara manifiesta la “necesidad de que el Registro Civil se mantenga, tal y como está en la actualidad, prestando un servicio gratuito y público a la ciudadanía navarra”.

La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que, a su vez, el Parlamento “apoya y valora la necesidad de que los juzgados de paz continúen prestando su trabajo en los 267 juzgados existentes en toda Navarra, por considerarlos necesarios para una mayor agilidad de la Justicia, así como para facilitar los trámites a la ciudadanía”. Este epígrafe ha registrado el voto en contra de PPN y la abstención de UPN.

Del mismo modo, ya en un tercer apartado, se insta al Gobierno de España a “retirar el anteproyecto de Ley del Ministerio de Justicia, que se prevé que afectará al Registro Civil”. Salvando el rechazo del PPN, el respaldo a este punto ha sido unánime.

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por el G.P. Socialistas de Navarra arguye que la privatización del Registro Civil, que pasaría a manos de registradores de la propiedad y mercantiles, derivaría en “imposición de tasas a la ciudadanía, pérdida de puestos de trabajo, así como en un empeoramiento del servicio”.

El grupo proponente alude también a los 130 millones invertidos en la digitalización de los registros civiles, porque “no parece racional hacer una inversión millonaria con dinero público para modernizar el Registro Civil y, a continuación, ceder su trabajo a un cuerpo de elite para que tarife con él”.

En el caso de Navarra, se esgrime que el Registro Civil de Pamplona tiene apenas cinco años y su implantación costó 276.000 euros, lo que “supondría un derroche más”.

Respecto a los jueces de paz, figura cuya desaparición se contempla en la “posible reforma” de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Demarcación y Planta Judicial, se apela a la importante labor que realizan en su jurisdicción, sujeta al término municipal, donde “no existen juzgados de primera instancia e instrucción”.

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• Publicación de la moción (BOPN, n.º 37, de 09-04-2013)