Publicada el Jueves, 28 de Junio de 2018

Aprobada la modificación de la Ley Foral de Seguridad Pública de Navarra

Se procede a la reordenación del sistema para dotarlo de cauces más funcionales de participación y análisis de las políticas públicas vinculadas a la protección ciudadana

El Pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado hoy, con los votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, PSN e I-E y las abstenciones de UPN y PPN, la modificación de la Ley Foral 8/2006, de 20 de junio, de Seguridad Pública de Navarra.

 

Tramitada en lectura única, La Ley Foral remitida por el Gobierno tiene por objeto proceder a la “reordenación del sistema de seguridad pública para, bajo criterios de racionalidad y realismo, ajustar su diseño a las necesidades y demandas de la ciudadanía”.

 

En ese sentido, para “evitar la duplicidad o multiplicación de órganos con funciones yuxtapuestas susceptibles de convertir el sistema en inoperante y afuncional”, se procede a la extinción de los Consejos Locales de Seguridad Ciudadana, que nunca se han reunido, y del Observatorio de Seguridad Pública, este último fundado en el Decreto Foral 21/2011.

 

Las funciones más relevantes de los órganos extintos que no se hallen residenciadas en otros entes serán asumidas por el Consejo de Seguridad Ciudadana.

 

El objetivo último de la modificación legislativa es poder contar con órganos colegiados “adecuados y proporcionados” a los desempeños que se pretende atender, en todo caso teniendo en cuenta que se trata de “cauces estables de participación y análisis de las políticas públicas vinculadas a la seguridad”.

 

La Ley Foral 8/2006, de 20 de junio, de Seguridad Pública de Navarra configura el sistema de seguridad pública de Navarra, participado por las diferentes administraciones, y diseña los instrumentos de coordinación para la consecución de los resultados deseables en el entorno de la seguridad ciudadana.

 

“Creemos que con la aprobación de esta ley Foral se mejora sustancialmente en operatividad y funcionalidad”, ha asegurado la consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, Mª José Beaumont.

 

Sergio Sayas (G.P. UPN) ha justificado la abstención de los regionalistas afirmando que están “de acuerdo en líneas gruesas” con la filosofía de optimización que rige la propuesta, pero ven “alguna contrapartida en la participación”.

 

“El hecho de que algunos de estos órganos no se hayan reunido no significa que no podían haberlo hecho”, ha matizado, considerado que la decisión de suprimir dichos órganos disminuye la participación.

 

Patxi Leuza (G.P. Geroa Bai) ha considerado que el Gobierno “ha decidido con buen criterio” mejorar la operatividad de la Ley en cuestión y que, con esta medida, se van a “optimizar los recursos que actualmente tenemos” y “corregir defectos” del sistema.

 

Arantxa Izurdiaga (G.P. EH Bildu) ha indicado que esta iniciativa va a ayudar a “optimizar servicios y mejorar la eficacia”. Igualmente, la socialista Inma Jurío (G.P. PSN) ha calificado esta decisión como “un paso adelante”, aunque ha remarcado que más adelante ya habrá tiempo para concretar determinados aspectos.

 

Javier García (G.P. PPN) ha arguído que, aunque comparten la necesidad de revisar la actual organización del sistema, hubiera sido deseable realizar previamente una “valoración pormenorizada de la realidad de estos órganos”.