1.- Se insta al Gobierno de España a cumplir con sus obligaciones internacionales para garantizar el derecho a una vivienda adecuada, llevando a cabo el desarrollo legislativo y aumentando las partidas presupuestarias necesarias para hacer efectivas las recomendaciones vinculantes de la Comunicación Nº 5/2015, que incluye el dictamen aprobado por el Comité DESC en su 61° período de sesiones (29 de mayo a 23 de junio de 2017).

2.- Se emplaza al Ejecutivo central a adoptar medidas legislativas y administrativas pertinentes para garantizar que, en los procesos judiciales de desalojos de personas inquilinas, los y las demandadas puedan oponerse o presentar un recurso con el fin de que el juez o jueza pueda evaluar las situaciones de vulnerabilidad y acceso a la vivienda de las familias demandadas. En especial se insta al Gobierno a modificar la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, a fin de garantizar los derechos a la tutela judicial efectiva y prohibición de desalojo sin alternativa habitacional.

3.- Se exhorta al Gobierno de España a cumplir con las disposiciones contenidas en la Observación General n° 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas y la Convención sobre los Derechos del Niño, con el fin de prohibir y paralizar inmediatamente todos los desahucios a personas y familias en su primera y única vivienda y sin alternativa habitacional.

4.- Se conmina al Ejecutivo de Madrid a adoptar los mecanismos administrativos para luchar en contra del acaparamiento de viviendas en manos de grandes sociedades o entidades tenedoras de vivienda. Así mismo se insta a adoptar medidas legislativas para obligar a las y los grandes tenedores de vivienda a ceder sus viviendas vacías a las Administraciones Públicas competentes, para hacer frente a la situación de emergencia social de las personas o familias en riesgo de exclusión.

5.- Se compele al Gobierno de España a promover los acuerdos con la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. (SAREB) y las entidades bancarias, para la cesión de sus viviendas vacías a las Administraciones autonómicas y locales, con el objeto de destinarlas al alquiler social.

6.- Se solicita el establecimiento de mecanismos de control que obliguen a las y los grandes tenedores de vivienda de España a garantizar el alquiler social en favor de familias en situación de vulnerabilidad que no comprometan los ingresos ponderados de la unidad familiar.

7.- Se requiere al Ejecutivo central a implantar una línea de crédito dentro del Instituto de Crédito Oficial (ICO) destinada a financiar la construcción o rehabilitación de viviendas con destino al alquiler.

8.- Se invita al Gobierno de España a cumplir con las observaciones finales sobre el sexto informe periódico de España del Comité DESC de marzo de 2018 y en concreto con los puntos 35, 36, 37, 38 de los apartados Derechos a una vivienda adecuada y Desahucios.

9.- Se insta al Gobierno de Navarra a poner en marcha a la mayor brevedad todas las medidas recogidas en la Ley Foral 24/2013, de medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda en Navarra.

10.- Se induce al Ejecutivo Foral a elaborar un censo de personas y familias con necesidad de vivienda, especialmente de personas que viven en habitaciones. Este censo se realizará en colaboración con los Servicios Sociales de Base, con los centros de Salud y con los Centros Educativos”

11.- Se emplaza al Gobierno de Navarra a que, tras la realización del Plan de Vivienda 2018-2028, plantee la elaboración de una nueva ley integral de vivienda, donde se contemple el derecho subjetivo a la vivienda entendido como el derecho a disfrutar de una vivienda asequible, digna y adecuada.

12.- Se pide al Gobierno de España que respete, sin ningún tipo de injerencia, todas las decisiones tomadas por el Parlamento de Navarra en materia de vivienda.

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por el G.P Podemos-Ahal Dugu.

Los puntos 1-11 han sido aprobados con los votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, PSN e I-E y los votos en contra de UPN y PPN.

El punto 12 ha sido aprobado con los votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E y los votos en contra de UPN, PSN y PPN.