Publicada el Thursday, 28 de September de 2017

Se insta al Educación a establecer un plan temporalizado para la reversión efectiva de los recortes

La Cámara estima que se dan las circunstancias para corregir el deterioro en las condiciones laborales del profesorado y la autonomía y organización de los centros

El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy por unanimidad una resolución por la que se insta al Gobierno de Navarra a que “establezca, a través de la negociación en la Mesa sectorial de educación, un plan temporalizado para la reversión efectiva de los recortes producidos en la enseñanza pública, en particular respecto a la jornada lectiva del profesorado y la reducción de ratios”.

 

La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que, a su vez, se exhorta al Ejecutivo Foral al “desarrollo de la enseñanza pública a través de una mayor dotación de recursos y la aplicación de medidas organizativas”.

 

Así, se emplaza a “incrementar los presupuestos de educación en los PGN 2018, a fin de posibilitar una mayor dotación de recursos materiales y humanos”. Se solicita también una “ampliación de la oferta educativa en la enseñanza pública”.

 

Y se requiere, en este caso con los votos en contra de UPN y PPN, la “modificación de la normativa de escolarización, priorizando la matriculación del alumnado en el centro educativo de titularidad pública más cercano al domicilio de las familias”.

 

Ya en un tercer apartado, agregado a instancias de EH Bildu, cuya enmienda de adición ha sido aceptada por I-E, titular de la iniciativa, se compele al Gobierno de Navarra a “implementar las medidas necesarias para recuperar la actividad previa a los drásticos recortes sufridos por los Centros de Apoyo al Profesorado (CAPs).

 

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por la A.P.F. Izquierda-Ezkerra apunta que “se dan las condiciones necesarias para revertir las consecuencias de los recortes que, fruto de la extinción del pacto para la mejora de la calidad educativa y la aplicación de las medidas contenidas en el Real Decreto Ley 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, abocaron a un deterioro de las condiciones laborales y docentes del profesorado, a una merma de la autonomía de los centros y a mayores dificultades en la organización”.