Publicada el Dienstag, 25 de Mai de 2021

Aprobado el informe de conclusiones de la Ponencia para abordar la regulación de las casas de apuestas

Se plantea una nueva regulación que incida en la prevención y la formación para, junto a un papel más activo de las Administraciones, proteger a los colectivos más vulnerables

La Ponencia constituida en el seno de la Comisión de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior para “abordar la regulación de las casas de apuestas en las diferentes localidades de Navarra” ha aprobado hoy, con los votos a favor de Navarra Suma, PSN y Geroa Bai y los votos en contra de EH Bildu, Podemos Ahal Dugu e I-E, el informe de conclusiones elaborado al efecto tras veinte meses de trabajo (interrumpido por la pandemia).

 

Existe unanimidad entre los ponentes para someter el dictamen al parecer del Pleno (se debate pero no se vota). Una vez registrada, su solicitud será tramitada, presumiblemente, en la sesión de la Mesa y Junta de Portavoces del próximo lunes.

 

Las conclusiones, que integran exclusivamente las aportaciones consensuadas por Navarra Suma, PSN y Geroa Bai, incluyen una serie de sugerencias en relación con diversos aspectos asociados al juego –prevención, formación, publicidad, condiciones de los locales, distancias–, además de un emplazamiento al Gobierno de Navarra para que elabore un estudio específico sobre fiscalidad y examine la posibilidad de prohibir el consumo de bebidas alcohólicas en los locales de juego.

 

Por partes y en lo tocante a los locales de apuestas deportivas, el informe de la Ponencia plantea exigir que la distancia entre establecimientos (casas y tiendas de apuestas) y entre éstos y centros de enseñanza de cualquier nivel, casas de la juventud, instalaciones de carácter educativo o deportivo y lugares de tratamiento y rehabilitación no sea inferior a 300 metros, “sin perjuicio de que cada municipio pueda ampliarla”.

 

Los establecimientos de hostelería autorizados solo podrán instalar una máquina auxiliar de apuestas, además de otra terminal de juego con premio programado de tipo B. Estas son aquellas que, a cambio del precio de la partida, conceden al usuario un tiempo de uso o de juego y, eventualmente, un premio en metálico.

Las máquinas de apuestas, que cuando no estén siendo utilizadas permanecerán desactivadas, deberán contar con un sistema de activación-desactivación por control remoto, a fin de evitar su uso por parte de menores y personas incursas en prohibiciones del juego. Se establecerá un plazo para que los establecimientos que no dispongan de ese dispositivo se hagan con él.

 

Queda prohibida la instalación de este tipo de máquinas en terrazas, vías públicas y en el exterior de los locales. También en el interior de los mismos cuando se trate de bares o cafeterías ubicados en centros docentes, sanitarios, sociales, juveniles y centros deportivos. La responsabilidad de hacer cumplir las normas recaerá en el personal encargado del local.

 

Por otra parte, los locales de apuestas, que tendrán una superficie de al menos 50 metros cuadrados, deberán colocar un rótulo o cártel con la indicación de su condición y otro haciendo constar la prohibición de participar en apuestas a menores y personas inscritas en el registro de prohibidos –extensivo a los portales de juego–. También deberá explicarse en lugar visible que la práctica abusiva de los juegos de apuesta puede crear adicción.

 

Las medidas de prevención alcanzan al terreno de la formación, donde se proyecta avanzar en la línea del Programa Nacional de prevención de las drogodependencias en el sector. En ese marco, se propone exigir un plan de formación para las plantillas de los establecimientos y empresas de apuestas que, con la supervisión de Salud Pública, deberá contribuir al suministro de información y asistencia sobre juego seguro y comportamientos de riesgo, incluida su detección. Se propone también la habilitación de espacios libres de conexión para el juego on-line.

 

Abundando en las cautelas, se recomienda encomendar al Observatorio de la Realidad Social la elaboración de un estudio anual sobre la situación de la ludopatía en Navarra y, paralelamente, potenciar la actividad del Consejo Navarro del Juego.

 

El informe de la Ponencia se ocupa también de la publicidad, el patrocinio y la promoción de las actividades de juego y apuestas, que entre otros requerirá autorización administrativa previa para asegurar el cumplimiento de la legalidad, también en lo tocante al fomento del juego  moderado y no compulsivo.

 

No se permitirán comunicaciones comerciales que inciten a la práctica irreflexiva, adictiva o patológica, induzcan al error o presenten ofertas de préstamos o cualquier otra modalidad de crédito a los participantes en el juego.

 

A su vez, se demanda prohibir a las empresas de apuestas el patrocinio de clubes deportivos y vetar la publicidad de apuestas en cualquier actividad deportiva que se desarrolle en Navarra con financiación pública total o parcial. Por lo tanto, aquellas actividades deportivas que estén patrocinadas en todo o en parte o tengan publicidad de empresas dedicadas al juego en cualquiera de sus modalidades no podrán obtener subvenciones públicas.

 

En ese contexto, se rechaza la publicidad en soportes ubicados a menos de 300 metros de centros educativos, sanitarios, deportivos, culturales, recreativos, residenciales o de rehabilitación de personas con adicción al juego o problemas de salud mental graves.

 

En general, se aboga por impedir la publicidad que se envía al domicilio, incluida la que se hace llegar por correo, teléfono o medios telemáticos. También se solicita prohibir la publicidad en periódicos, revistas o cualquier medio de información navarro, así como en los centros de radio y televisión ubicados en la Comunidad Foral, salvo entre las 01:00 y las 05:00, única franja abierta a ese tipo de propaganda.

 

En otro orden de cosas, el informe de la ponencia apuesta por equiparar las condiciones de inscripción en el Registro de Juegos y Apuestas de Navarra con las que rigen en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ), y por interconectar automáticamente ambos inventarios.

 

Finalmente, se precisa que el margen de actuación de las Administraciones Locales –distancias, requisitos mínimos, etc.– queda supeditado a lo establecido en la normativa foral.

 

Las aportaciones conjuntas de EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E han sido excluidas del informe de conclusiones, si bien se mantienen como voto particular par su debate en Pleno.

 

Las propuestas de los tres grupos van un poco más allá a la hora de incorporar  medidas tendentes a “garantizar la defensa de los consumidores y la protección de los colectivos vulnerables, especialmente de los menores de edad”.

 

Todo ello en el marco de una regulación dirigida a “limitar la apertura e instalación de nuevos establecimientos de apuestas deportivas” y, por tanto, ceñida a regular los ya existentes, cuestión que se pretende al amparo de nuevas medidas más restrictivas en materia de ubicación, publicidad, subvenciones, prevención, registro de prohibidos y fianzas.

 

Así las cosas, se propone que la distancia mínima entre tiendas de apuestas y locales de juegos y zonas vulnerables –centros educativos, universitarios, juveniles, parques infantiles, centros de tratamiento y rehabilitación– sea de 600 metros. Idéntica a la separación que se postula entre establecimientos del sector del juego. En ambos casos, el doble que la que consta en el informe de conclusiones aprobado.

 

También se sugiere limitar el juego a los locales debidamente acreditados, prohibiendo las terminales de apuestas en establecimientos hosteleros. A tal fin, se estipula un plazo de retirada, previendo la posible reutilización de esas máquinas en bingos, salones de juego o tiendas de apuestas.

 

Del mismo modo, se propone prohibir la entrada a menores y personas inscritas en el registro de auto-prohibidos, para lo cual se plantea reforzar los procesos de identificación y control en el acceso a dichos locales.

 

En cuanto a las condiciones del juego, se aboga por establecer medidas capaces de garantizar un juego ético, esto es, preceptos susceptibles de limitar las pérdidas, reducir la velocidad de las apuestas, limitar la concesión de premios o prohibir las apuestas en caliente.

 

Sobre la publicidad y al margen de lo ya consignado en el dictamen, se persigue la prohibición de ese tipo de anuncios en periódicos, revistas o cualquier medio de información, especialmente en los dirigidos a menores de 18 años y en las primeras páginas de deportes y pasatiempos.

 

Respecto a la prevención y tratamiento, se reclama la creación de un Fondo específico destinado a prevenir y tratar las patologías del juego relacionado con las apuestas deportivas, cuya dotación provenga de la aportación del 2% de los beneficios de estas empresas. En ese camino, se requiere destinar al tratamiento de las ludopatías los recursos públicos suficientes, tanto a nivel estructural, como humano y material.

 

Por último, el voto particular contempla la actualización de las cuantías previstas en el artículo 15 de la Ley Foral 16/2006 del Juego, dedicado a las garantías exigibles para la organización y explotación de los juegos o apuestas, así como para la apertura de locales o para la utilización de espacios destinados a la práctica del juego y las apuestas.

 

Igualmente, se prevé también la actualización de la disposición transitoria 3ª (fianzas) del Decreto Foral 4/2011, por el que se crea el Registro de Juegos y Apuestas de Navarra y se regula su organización y funcionamiento.

 

Creada el 2 de octubre de 2019 por unanimidad en el seno de la comisión de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, la Ponencia impulsada por el G.P. Mixto-Izquierda Ezkerra se ha centrado en “acotar al máximo los daños derivados de un juego muy adictivo que genera ludopatías graves, poniendo en peligro la salud física y mental de adolescentes y personas con problemas económicos”.

 

Como punto de partida, para frenar el crecimiento exponencial de las casas de apuestas y, en especial, del fomento del juego con dinero a través  establecimientos específicos (también on line) relacionados con eventos deportivos, la Ponencia ha procedido a examinar con precisión y detenimiento el conjunto de la situación generada alrededor de las zonas de ocio, institutos y barrios, normalmente con alto porcentaje de población en paro, donde se ubican dichos locales.

 

En ese marco y con la participación de colectivos afectados y agentes implicados, se han consensuado una serie de propuestas para que, tal y como se ha explicitado, el Gobierno de Navarra someta dichos negocios a un exhaustivo control.

 

En concreto, la Ponencia ha recabado la colaboración y asistencia de los diferentes departamentos de la Administración Foral, así como de los organismos autónomos implicados en las diferentes facetas del juego.

 

A su vez, y de conformidad con el calendario de sesiones elaborado, han comparecido todos los actores sociales involucrados, desde diferentes organizaciones empresariales, a quienes una modificación de la regulación del juego en Navarra pudiera repercutir, hasta asociaciones ciudadanas y entidades representativas de diversos intereses, todas ellas preocupadas por la “grave incidencia que la ludopatía tiene sobre la salud y la economía de las personas y de su entorno familiar”.

 

A ese respecto y según datos aportados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) relativos a 2018 y 2019, el 28% de los navarros entre 14 y 18 años admite haber hecho apuestas deportivas en locales de juego o bares y el 11% declara haber jugado dinero online. No obstante, lo más significativo es que el consumo de apuestas se dispara a los 17-18 años hasta situarse en torno al 40% en juego presencial y el 16% en la modalidad online.

 

Por tanto, en los últimos años se constata un aumento del juego en escolares y en población adulta, ya sea de modo presencial u online. En este sentido, se aprecia que internet ha dotado de una nueva dimensión a los juegos de azar, en particular a las apuestas deportivas. La facilidad de acceso, el anonimato y la inmediatez constituyen elementos que facilitan el descontrol y aceleran el tránsito entre el inicio en el juego y el desarrollo de la adicción.

 

Según la encuesta del Plan Nacional de Drogas, el juego problemático afecta a cuatro de cada mil personas de entre 15 y 64 años. Estos datos, extrapolados a Navarra, supone la existencia de unas 1.600 personas en esa tesitura (15% de las que juegan habitualmente), de las que 1.200 han podido caer en la ludopatía (9%). De ahí se infiere que no es casual que la OMS reconozca la ludopatía como trastorno conductual.

 

El ISPLN advierte también sobre los poli consumos y, en concreto, sobre el consumo de alcohol en los locales del juego, ya que contribuye a “alterar la percepción y la toma de decisiones”.

 

Por otra parte, la Memoria del Juego del año 2020, elaborada por el Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, pone de relieve un considerable incremento del dinero que la sociedad navarra destina al juego. Tal es así, que en el período 2013-19 la cantidad jugada ha pasado de 294,48 a 368,64 millones, siendo el de las apuestas el juego que más ha aumentado (117,52%).

 

Las apuestas suponen el 25% del total de la cantidad jugada en Navarra, siendo el sector privado el que recibe la mayor parte, un 65,80% en 2019. Los juegos de gestión privada han aumentado la recaudación un 38,2% entre 2013 y 2019 (67,18 millones) y un 5,9% respecto a 2018, año en el que la exacción toca techo debido al empuje experimentado por las apuestas, cuya recaudación sube un 7,11% en relación a 2017, y al auge –en menor medid– de las máquinas de juego, que suben un 4,40%.

 

En cuanto a las inspecciones, la Brigada de juegos y espectáculos de la Policía Foral ha constatado que las tiendas de apuestas y salones de juego aplican medidas exhaustivas de control en la admisión, impidiendo la entrada de menores. Dadas las dificultades para controlar las apuestas en bares y establecimientos hoteleros, muchos de sus responsables anulan las terminales durante los horarios de recreo de colegios e institutos. De todo ello se infiere que las tareas de inspección cumplen su función.

 

Respecto a los ingresos declarados por las actividades de apuestas deportivas, el Departamento de Economía y Hacienda habla de ingresos crecientes, salvo en 2020, debido a la pandemia. Así, en 2016 las rentas declaradas alcanzaron 10.073.426,48 euros, en 2017 11.895.317,94, en 2018 13.285.289,45, en 2019 13.900.785,85 y en 2020 disminuyeron hasta los 10.967.391,14 euros.

 

A fecha de 31 de diciembre de 2020, hay 72 locales en explotación en Navarra, 11 casas de apuestas y 58 salones de juego, así como 925 autorizaciones de explotación de máquinas auxiliares de apuestas.

 

Los miembros de la Ponencia han coincidido en la “oportunidad” de avanzar en la prevención de la ludopatía, a decir de todos un “problema de salud pública” de primer nivel, por la vía de las vías informativa, educativa y legislativa.

 

Cabe recordar que el 23 de octubre de 2019, dos días antes de la constitución de este grupo de trabajo, la Comisión de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior aprobó por unanimidad una resolución instando al Gobierno de Navarra a “decretar una moratoria en la apertura de nuevos locales de casas de apuestas, bingos o locales donde se desarrollen actividades relacionadas con el juego y las apuestas, en tanto que se desarrollan los trabajos de la Ponencia creada al efecto”. La moratoria establecida normativamente el 30 de octubre de 2019 continúa en vigor.

 

Bajo la presidencia de Marisa de Simón, la Ponencia ha estado integrada por José Suárez (Navarra Suma), Jorge Aguirre (PSN), Blanca Regúlez (Geroa Bai), Arantxa Izurdiaga (EH Bildu) y Ainhoa Aznárez (Podemos-Ahal Dugu).