Publicada el Montag, 5 de März de 2018

Aprobada una declaración institucional por la que el Parlamento de Navarra solicita a los gobiernos de Navarra y España medidas para avanzar en el reconocimiento y reparación de todas las víctimas de las distintas violencias

Aprobación en Mesa y Junta de Portavoces. Día 5 de marzo de 2018

- La Junta de Portavoces ha aprobado una declaración institucional por la que el Parlamento de Navarra manifiesta que es necesario que el Gobierno de Navarra junto con el Gobierno central adopten medidas para avanzar en el reconocimiento y reparación de todas las víctimas de las distintas violencias, presentada por: G.P. Geroa Bai, G.P. EH Bildu Nafarroa, G.P. Podemos-Ahal Dugu y A.P.F. de Izquierda-Ezkerra.

 

Han votado a favor Geroa Bai, EH Bildu Nafarroa, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezquerra; en contra han votado Unión del Pueblo Navarro, Partido Socialista de Navarra y Partido Popular de Navarra.

 

La declaración aprobada dice lo siguiente:

 

“El Parlamento de Navarra manifiesta que es necesario que el Gobierno de Navarra junto con el Gobierno central adopten todas las medidas para:

 

1.Garantizar por completo el acceso a verdad, justicia y reparación para las víctimas de ETA, y de otros grupos armados, incluidas las víctimas de los GAL.

 

2. Asegurar el acceso a verdad, justicia y reparación para las víctimas de tortura, y otros malos tratos, y pedir a las autoridades navarras y centrales un reconocimiento público del daño causado por la tortura y otros malos tratos en el contexto de la lucha anti-terrorista.

 

3. Que las autoridades, tanto a nivel central como autonómico, incluyendo las judiciales, realicen y colaboren en las investigaciones sobre casos pendientes de graves abusos y violaciones de derechos humanos cometidas durante las últimas décadas y se haga lo posible para procesar a quienes han eludido la acción de la justicia.

 

4. Continuar avanzando en la sistematización de toda la información disponible sobre las violaciones y abusos de derechos humanos cometidas durante los años 1960 y 2011. Y pedir al Gobierno central que también recoja y publique datos oficiales detallados y desglosados de las violaciones y abusos cometidos.

 

5. Instar al Gobierno central a revisar la legislación anti-terrorista (Código Penal y Ley de Enjuiciamiento Criminal) para adecuarla a los estándares internacionales de derechos humanos; y poner fin al régimen de incomunicación para las personas detenidas.

 

6. Garantizar, a través de una revisión de la actual política penitenciaria por parte del Gobierno central, que los presos y presas puedan cumplir condena cerca de su lugar de arraigo, siempre que sea posible e individualmente lo soliciten según marcan los principios de Naciones Unidas para la Protección de todas las Personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión”.