La Comisión de Derechos Sociales ha visitado hoy, a instancias de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E, el Centro San José para personas con discapacidad intelectual, cuya propiedad y gestión corresponde al Gobierno de Navarra.

Los Parlamentarios que han asistido han sido Maribel García Malo, Luis Zarraluqui (G.P. UPN), Isabel Aranburu, Consuelo Satrustegi (G.P. Geroa Bai), Asun Fernández de Garaialde (G.P. EH Bildu), Mikel Buil (G.P. Podemos-Ahal Dugu), Guzmán Garmendia (G.P. PSN) y José Miguel Nuin (A.P.F. Izquierda-Ezkerra).

El objeto de la visita, según ha apuntado Asun Fernández de Garaialde a modo de preámbulo, ha sido “conocer in situ las instalaciones, necesidades y deficiencias relacionadas con el mantenimiento del Centro, así como la previsión y planificación de obras futuras”.

La delegación del Legislativo ha sido recibida por Inés Francés, directora gerente de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, David Urbiola, ingeniero de la sección de obras de la Agencia, Pablo Bretos, director de San José, personal de mantenimiento, cuidadores/as y delegados de Prevención de Riesgos Laborales.

Seguidamente, ha tenido lugar un encuentro en el transcurso del cual Inés Francés ha admitido haber tenido que hacer frente a “dificultades relacionadas con el mantenimiento, si bien ahora mismo, como Agencia, más que lagunas lo que observamos son diferencias de criterio. Nos hemos comprometido a contratar un oficial de mantenimiento porque entendemos que el desarrollo de protocolos y procedimientos es más propio de ese nivel que, como hasta ahora, de un auxiliar. Es una demanda justa”, ha corroborado.

Pablo Bretos, por su parte, ha defendido la labor de adecentamiento acometida desde que, en octubre de 2015, se hiciera cargo de la dirección de San José y, a ese respecto, ha detallado la renovación de puertas, ventanas, persianas y camas hidráulicas, así como la optimización del sistema de climatización y de la domótica del centro, que “a día de hoy funcionan bastante bien”.

Rosa Arnedillo, delegada de Prevención de Riesgos Laborales, ha reconocido que, si bien “en las últimas tres semanas, a raíz de la petición de la visita de la Comisión de Derechos Sociales, se han acometido trabajos de renovación, la desidia y la falta de organización y de supervisión vienen siendo la tónica dominante desde anteriores direcciones. La situación, con bajas laborales y un enorme clima de tensión, se hizo insostenible, tal es así que derivó en una intervención psicosocial”.

El personal de mantenimiento ha alegado “problemas graves” de diversa índole y largo recorrido hasta plantear “qué es lo que se pretende, cambiar o continuar poniendo en peligro a los usuarios”, circunstancia desmentida por Carmen Mayo, representante sindical, y Pablo Bretos, director del centro, que ha respondido asegurando que “los datos ofrecidos no son reales. Estamos poniendo en marcha el mismo protocolo de mantenimiento que rige en El Vergel”.

Llegados a este punto, Mikel Buil (Podemos-Ahal Dugu) y Maribel García Malo (UPN) se han interesado por la compatibilidad del nuevo perfil de usuario de San José, de menor discapacidad intelectual y conducta más agresiva, con el clásico interno afectado por limitación intelectual severa y profunda.

A ese respecto, Inés Francés ha precisado que el cambio de perfil “no procede tanto de la alteración conductual como de la menor discapacidad intelectual. Son personas jóvenes con deficiencias intelectuales leves y cambios de comportamiento. La demanda actual viene por ahí. Como Administración, tenemos que adaptar los recursos a los usuarios y ofrecer apoyo y formación suficiente para atender esas necesidades, más allá del asistencialismo puro”.

No obstante, frente a las críticas del personal, que aduce que las características de los nuevos internos obliga a “intervenir a nivel estructural para evitar la vulnerabilidad del centro”, Inés Francés ha asumido que con ocasión del último ingreso “pecamos de falta de previsión. No se avisó con tiempo a los trabajadores y no se les formó adecuadamente. Fue una urgencia. No había plazas en los recursos habituales y, como es lógico, se derivó aquí, que es donde había sitio. ¿Nuevos recursos? Claro que nos lo planteamos, pero como ya he dicho, lo que prima es un cambio de modelo”.

Concluida la reunión, los/as Parlamentarios/as han realizado un recorrido guiado por las distintas dependencias y, acompañados por miembros de la Agencia y el equipo directivo, han comprobado las “buenas dotaciones” de un centro que, en funcionamiento desde marzo de 2007, atiende a 80 residentes (muchos de más de 50 años) con una plantilla de unos 154 trabajadores.

Los Parlamentarios han accedido a las habitaciones de los internos, divididos en ocho áreas de diez personas provistas de cuartos individuales y dobles, y han comprobado el trabajo de psicomotricidad y gimnasio, antes de terminar en la piscina terapéutica.

San José es un centro de carácter residencial destinado a prestar atención integral a personas adultas con discapacidad intelectual, gravemente afectadas, que necesitan tratamientos especializados y una rehabilitación continuada para evitar, hasta donde sea posible, su deterioro.