Publicada el Donnerstag, 5 de Mai de 2016

Se insta a al desarrollo de medidas para proteger de abusos a las personas empleadas del hogar

A instancias de I-E y Podemos, se urge a la aplicación del convenio 189 de la OIT y a modificar la legislación, a fin de propiciar su equiparación al régimen general

El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy por unanimidad una resolución por la que se insta al Gobierno de Navarra a “desarrollar medidas eficaces y efectivas para proteger de prácticas abusivas a las personas que trabajan como empleadas/os del hogar, estableciendo, entre otros, mecanismos y procedimientos para la inspección de los contratos, quejas, abusos y prácticas fraudulentas”.

La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que, a su vez, se emplaza a los gobiernos de Navarra y España a “ratificar, aplicar y desarrollar en sus ámbitos de competencia el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo”, que extiende los derechos fundamentales a los trabajadores domésticos de todo el mundo.

Del mismo modo, ya en un tercer apartado, se exhorta al Ejecutivo central a “modificar la legislación laboral para equiparar el régimen de empleadas de hogar al régimen general”.

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por la A.P.F. Izquierda-Ezkerra aboga por “visibilizar la realidad y la función social” del trabajo doméstico, de cara a “mejorar sus condiciones laborales, muy deterioradas desde que en 2012 el Ejecutivo del PP introdujera algunas modificaciones en la primera ley estatal que, al objeto de sacar de la economía sumergida a las empleadas del hogar, promulgó un año antes el Gobierno del PSOE”.

En ese contexto, se alerta del estado de “explotación y desprotección” en el que se encuentran muchas de estas mujeres, “especialmente las trabajadoras internas, más aún las que se hallan en situación irregular”, y se cifra en 9.000 el número de empleadas del hogar que no están dadas de alta en la Seguridad Social. Para todas ellas, según se precisa, resultan habituales los “salarios bajos, la indefinición de funciones y flexibilidad horaria”.

Y respecto a las que cotizan, se subraya que lo hacen en un “régimen especial, sin derecho a desempleo, sin posibilidad de convenio laboral, y con muchas dificultades en los procesos de incapacidad temporal”.

www.parlamentodenavarra.es
• Publicación de la moción (BOPN, n.º 45, de 01-04-2016)

Podemos-Ahal Dugu habla de indiferencia

El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy por unanimidad una resolución por la que se insta al Gobierno de España a “ratificar, sin más demoras, el Convenio n° 189 de la Organización Internacional del Trabajo” (OIT) y la Recomendación n° 201 sobre el trabajo decente para las trabajadoras o trabajadores domésticos”.

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por el G.P. Podemos-Ahal Dugu urge al Gobierno de España a la ratificación de dicho convenio, para “no retroceder en el reconocimiento de derechos de un sector que ocupa a 427.000 personas (INE, diciembre 2015), la mayoría mujeres (83%)”.

En ese marco, se habla de “indiferencia y desinterés por parte de las instituciones hacia un sector totalmente precarizado, desprotegido y con tasas muy elevadas de economía sumergida y trabajadores migrantes.

Un trabajo en el que, según se constata, “solo el 9% tiene cobertura legal al mismo nivel que el común de los trabajadoras y trabajadores. El resto o carecen de salarios y tiempos de descanso reglados o están sometidos a las peores condiciones salariales y laborales existentes en nuestro país: sin derecho al subsidio de paro, sin posibilidad de jubilación anticipada o ayudas y prestaciones para personas desempleadas mayores de 55 años y sufriendo todo tipo de abusos, incluidos los sexuales”.

El convenio de la OIT que extiende los derechos laborales fundamentales a los y las trabajadoras domésticas de todo el mundo entró en vigor el 5 de septiembre de 2013. Hasta la fecha ha sido asumido por diecisiete países (Alemania, Argentina, Bolivia, Colombia; Costa Rica, Ecuador, Filipinas, Finlandia, Guyana, Irlanda, Italia, Mauricio, Nicaragua, Paraguay, Sudáfrica, Suiza y Uruguay) y en 2016 entrará en vigor en otros cinco (Bélgica, Chile, República Dominicana, Panamá y Portugal).

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• Publicación de la moción (BOPN, n.º 45, de 01-04-2016)